Más allá de los 52

En los últimos meses ha comenzado en España a hablarse de ampliar la edad de jubilación, contemplándose la posibilidad de incrementar la pensión de quienes se jubilen después de los 65 años. Al tiempo, parece imponerse la idea de poner coto a los masivos expedientes de regulación de empleo que han obligado a miles de trabajadores a prejubilarse con poco mas de 50 años. El cambio de tendencia responde a razones puramente económicas: evitar problemas futuros a la Seguridad Social.

A diferencia de lo que ocurrió en los años 80 del siglo pasado, en que las prejubilaciones y bajas incentivadas de trabajadores afectaron, fundamentalmente, a empresas de sectores en crisis: Naval, siderurgia, minería, etc., a partir de mediado de los 90 la situación cambió y fue la mejora de la rentabilidad y no las crisis económicas las que llevaron a empresas de la banca, las telecomunicaciones, eléctricas, etc., a prescindir de la mayor parte de sus trabajadores mayores de 52 años. Lo ocurrido en Telefónica es emblemático de lo anteriormente descrito; hoy es difícil encontrar en esta empresa, salvo en su consejo de administración, personas que superen los 50 años.

Lamentablemente, en el camino que ahora se quiere abandonar han quedado miles de trabajadores en plenitud de facultades físicas y mentales, que tienen que hacer, en la mayoría de los casos, enormes esfuerzos para no caer en la depresión de la inactividad no deseada, o para encontrar algún aliciente en una jubilación llegada antes de tiempo y que les ha convertido en viejos prematuros.

Tengo grabada en la mente la imagen de amargura de un compañero de Badajoz, mando intermedio obligado a jubilarse con poco mas de 50 años, a quien observé a través del retrovisor, en su coche parado en un semáforo, cuando no tenia la necesidad de esbozar una sonrisa forzada para decir que se encontraba perfectamente.

Otro día podemos hablar de otra vertiente del problema: el enorme capital humano dilapidado con estas jubilaciones, y, como consecuencia, la precariedad en el mercado de trabajo y el deterioro en los servicios que prestan las empresas beneficiarias.